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Cierre de empresas: entre la realidad y la utopía

Tres o cuatro días en los titulares de los informativos de televisión, en las páginas o portales de los diarios o en las radios. Dueños de empresas deciden dar fin a emprendimientos productivos y comienzan los reclamos laborales; trabajadores exigen el pago de adeudos, ocupaciones, carteles y protestas. Luego, negociaciones en el Ministerio de Trabajo, reuniones y fábricas o locales comerciales que empiezan a quedar vacíos.

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A los días cede el interés público y los trabajadores comienzan la carrera para intentar que subsistan esos emprendimientos con propuestas de autogestión, bajo la supervisión de síndicos designados por la Justicia concursal u operando con maquinaria o equipos que los dueños dejaron en la empresa.

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Pero pasan los meses y la pregunta que se impone es hasta qué momento es sustentable ese proyecto. O si la ilusión de mantener ese trabajo no termina convirtiéndose en una utopía.

Entre 2016 y el primer semestre de este año se presentaron a concurso de acreedores 130 empresas.

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Algunas siguieron en funcionamiento y otras cerraron definitivamente sus puertas.

En los primeros seis meses de 2017, la cantidad de firmas en concurso llegó a 54. Compañías vinculadas al agro y la alimentación, como Cereoil, Cosechas del Uruguay y los molinos Dolores y Florida, formaron parte del listado.

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Entre el año pasado y este también pidieron el recurso Fotomartín, Raincoop, La Spezia, el Colegio Varela, Cambio Nelson, empresas constructoras y agencias de viajes, entre otros.

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En varios casos, trabajadores de esos proyectos buscaron reactivar la empresa a través de la autogestión y otros simplemente se convirtieron en observadores de un proceso de desmantelamiento.

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El director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, dijo a El Observador que la recuperación de empresas por parte de trabajadores es un hecho positivo siempre que el proyecto sea viable.

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“De lo contrario, solo se alarga la agonía, aumentan las pérdidas y los trabajadores terminan perdiendo un tiempo importante”, señaló.

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El jerarca añadió que en un momento como el actual de reconversión laboral vertiginosa el “tiempo también es un factor muy importante para las personas”.

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Indicó que muchos trabajadores invierten en emprendimientos propios el dinero generado en el seguro de paro y hasta el despido.

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Por eso, para Pereyra el proyecto debe ser “lo más seguro y viable posible, porque de lo contrario las pérdidas son mayores, tanto en términos económicos como sociales, y terminan generando mucha frustración”.

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El 18 de marzo de este año cerró La Spezia, luego de 78 años de actividad en la fabricación de alimentos.

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El 30 de agosto de 2016 la empresa se había presentado a concurso de acreedores. Al momento del cierre trabajaban 118 empleados en La Spezia. Un grupo de ellos decidió elaborar tallarines para vender a vecinos y clientes, en el local ubicado en Libertad y bulevar España, en Pocitos.

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Mariana Pereira era empleada de La Spezia y una de las delegadas sindicales. Comenzó como cajera en el local de Pocitos y luego pasó al área de administración. Recuerda que en 2014 comenzaron los problemas en la empresa. “Los dueños empezaron a comprar productos más baratos y bajó la calidad de la pasta. Muchos clientes empezaron a quejarse de eso”, contó Pereira. Dijo que los clientes continuaban comprando, ya que La Spezia era una marca conocida en el mercado. Pero los trabajadores comenzaron a cobrar su sueldo en dos o más veces.

En este momento, les adeudan créditos laborales y ni siquiera llegaron a cobrar el salario de marzo.

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Y tienen planteado otro problema. A varios de los funcionarios se les terminó el seguro de desempleo (porque habían ido al subsidio en meses anteriores a marzo) y a la gran mayoría le vence el mes próximo.

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Ante eso solicitaron una prórroga del subsidio, pero la extensión no fue concedida.

Cuando la empresa cerró debía cerca de US$?3 millones. El mayor acreedor que mantiene es el Banco de Previsión Social (BPS) con $?47 millones (US$?1,6 millones).

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Para la compra en bloque de La Spezia se presentaron dos empresas. Una de ellas fue Puritas y la otra se dedica a la importación y distribución de productos alimenticios.

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A esta última se le adjudicó la venta.

Sin embargo, los extrabajadores de la fábrica denuncian que los propietarios de esa empresa son amigos de los anteriores dueños de La Spezia.

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Los créditos laborales pendientes ascienden a US$?800 mil, y lo conseguido por la venta es menos de esa cantidad.

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Los compradores aseguraron empleo solamente para siete personas. “Acá ya no queda más nada; los inmuebles están a nombre de otra empresa. El terreno más el estacionamiento y una casa antigua que se usaba de depósito están valuados en US$?3 millones.

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Si todo eso estuviera a nombre de La Spezia, no estaríamos con el problema de los créditos laborales”, indicó Pereira a El Observador.

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Días atrás un grupo de exfuncionarios que custodian los bienes decidieron fabricar tallarines con harina donada por la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya).

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El sábado pasado rápidamente los vendieron. Con lo recaudado compraron materia prima para volver a producir y vender este fin de semana. “Invertimos esa plata porque creemos que nos puede ir bien con la venta”, dijo Pereira. Pero más allá de ese hecho positivo los trabajadores saben que su destino laboral será otro. “Estamos todos buscando trabajo”, expresó.

El 31 de enero Molino Dolores paró su producción. Cuatro meses antes se había presentado a concurso de acreedores. El síndico designado resolvió retomar actividades en abril con una plantilla de 120 trabajadores. Una de las intenciones era volver a exportar a Brasil. El dirigente de la Foemya, Nelson Más, informó a El Observador que hasta el momento no se pudo concretar esa línea de negocios y la situación en la fábrica es compleja.

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Otra empresa del sector, Molino Florida, fue a concurso a fines de marzo, aunque siguió produciendo con 120 empleados.

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Cinco meses después, la situación continúa siendo difícil. Más informó que la primera junta de acreedores se efectuará en octubre. “Ahí se verá la situación definitiva de nosotros”, indicó. El dirigente agregó que el jornal se cobra día a día. “Trabajamos hoy y mañana no sabemos qué puede pasar. Es todo a pulmón, pero se va manteniendo la fuente de trabajo, que es lo principal”, expresó Más.

Conflicto de intereses Verónica Raffo, abogada laboralista de Ferrere, indicó que hay cientos de ejemplos de empresas autogestionadas por trabajadores en el país.

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En diálogo con El Observador, la experta señaló que “la información que hay acerca de estas empresas en Uruguay es escasa y contradictoria, por lo que es difícil llegar a conclusiones objetivas.

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Pero hay casos en los que desde el vamos se puede prever el fracaso”. Como ejemplo, recordó el caso de United Airlines cuando atravesó un proceso de autogestión. En ese momento, la compañía aérea necesitaba reducir 1.000 de 20 mil puestos de trabajo, pero fue imposible llegar a un acuerdo.

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“Ese conflicto implícito de intereses es uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas autogestionadas”, afirmó Raffo.

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“En general las intenciones son loables pero muy poco realistas. Además del conflicto de interés implícito que señalé, las empresas autogestionadas tienen vulnerabilidades muy relevantes, como es la dificultad de acceso al capital, al crédito, a canales comerciales y la tendencia a subinvertir, sobre todo cuando la plantilla de trabajadores está envejecida”, sostuvo.

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Como otro aspecto complejo expresó que “también la estructura de incentivos para la producción es más dificultosa porque tiene que darse a través de la presión horizontal de los pares”.

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Pero también mencionó elementos positivos. “Las que trascienden esos problemas tienen como atributos que distribuyen de forma más equitativa los ingresos y que logran un mecanismo de ajuste de empleo y remuneraciones, sacrificando menos puestos de trabajo”, dijo la experta.

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Ante al abanico de hechos a favor y en contra que puede tener la autogestión o continuar apostando al empleo en una empresa que se encuentra en concurso, una de las interrogantes que se le plantea al trabajador es definir si quiere mantener la apuesta dentro de ese emprendimiento o buscar una reconversión en otra área.

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Al respecto, Raffo expuso que “calificarse y estar abierto a la nueva realidad económica y tecnológica es una receta aplicable a todos nosotros.

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Sentirnos arraigados al pasado y protegidos por estructuras regulatorias rígidas solo nos aleja de la inclusión en el mercado laboral del futuro”.

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