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El Congreso debate hoy la Ley Hipotecaria, aún sin acuerdo sobre la retroactividad

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El Congreso busca resolver los últimos flecos de la redacción del proyecto de ley de crédito inmobiliario, conocida como Ley hipotecaria, que debe ser aprobada y remitida al Senado antes de fin de año. El texto se somete este martes al examen de la Comisión de Economía y Empresa, que deberá debatir y votar tanto la ponencia como las enmiendas pendientes de incorporación.

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Se trata de un penúltimo trámite de parlamentario, ya que los grupos aprobaron remitir la norma al Pleno del Congreso. Aunque el Gobierno ha intentado acelerar la tramitación de esta norma, lleva ya dos años y medio de retraso sobre los plazos exigidos por la normativa europea. Ahora se prevé que el Senado, una vez aprobado el texto en el Congreso, empiece la tramitación una vez se reanude el período de sesiones, ya en 2019, y por la vía de urgencia.

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Los grupos deben resolver el alcance de la retroactividad en la nueva norma: la posibilidad de que las nuevas condiciones puedan afectar a ejecuciones hipotecarias actualmente suspendidas en los juzgado. Según el portavoz socialista, existía un acuerdo para que la entrada en vigor no debía desbloquear todos los procesos pendientes, que están a la espera de que la justicia europea se pronuncie, y que la falta de consenso se debía a “una cuestión de estilo” sobre cómo explicitarlo en la ley.

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Aspectos clave de la norma El texto ha ido incorporando numerosas modificaciones sobre la propuesta inicial lanzada por Luis de Guindos, algunos de ellos en las últimas fases de tramitación. Es el caso del reparto de gastos a la hora de formalizar una hipoteca, ya que tras la decisión del Tribunal Supremo de primero condenar a la banca a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados, y después corregir su decisión, los grupos decidieron precisar qué gasto correspondía a cada parte. Así, es el prestamista el que debe asumir todos los costes asociados, a excepción de la tasación, cuyos gastos corren a cargo del prestatario.

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Otro de los cambios introducidos en fase de ponencia ha sido el de elevar los meses de impago que se requieren para ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio), fijándolo en 12 meses (o en 3% del capital concedido) si el impago se produce en la primera mitad del préstamo y en 15 meses (o el 7% del capital concedido) a partir de entonces.

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Por otro lado se han rebajado los intereses de demora planteados en la norma -del triple del interés legal inicial al interés remuneratorio más tres puntos- y las comisiones por amortización anticipada de una hipoteca, que varían en función de si se ha concedido a tipo fijo o variable. En las hipotecas a tipo variable se contempla eliminar las comisiones a partir del quinto o tercer año, según acuerden ambas partes, con un coste máximo del 0,15% o del 0,25%, respectivamente. En caso de hipotecas a tipo fijo, la comisión por amortización anticipada se diferencia entre el 2%, si la comisión se producía en los primeros diez años y a partir del 1,5% desde entonces.

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Otra de las modificaciones incorporadas en la novación de créditos es el coste de pasar de una hipoteca a tipo variable y a tipo fijo, que pasa a ser del 0,15%. En el proyecto de ley estaba fijado en el 0,25%

También se modifican las condiciones de subrogación de hipotecas, ya que se ha apostado por realizar un reparto de los costes que conlleva la formalización de una hipoteca entre los bancos. Estas nuevas condiciones de subrogación de hipotecas se establecen tras los cambios en el impuesto de actos jurídicos documentados y el reparto de gastos contemplado en la ley. Los grupos temían un endurecimiento de las condiciones del crédito por parte de los bancos para prevenir que, ante el aumento de los gastos de constitución, compensara más llevar a cabo subrogaciones que formalizar hipotecas

Este reparto, según han informado los grupos, incluirá todos los gastos contemplados en la nueva ley que debe asumir el banco y se realizará proporcionalmente en función de los intereses cobrados y pendientes de cobro, ya que la distribución de estos no es regular a lo largo de la vida del crédito